Gobierno Municipal De Mayagüez v. Montaz Mercado Y Otros

Summary

El Tribunal Supremo resolvió que una sentencia monetaria basada en una obligación personal puede ejecutarse dentro de los quince años siguientes a que advenga final y firme. Aunque después de cinco años se requiere una moción, autorización judicial y notificación a las partes, no es necesario acreditar justa causa por la demora cuando la solicitud se presenta dentro del término prescriptivo, la sentencia permanece impaga y se notificó debidamente. Por ello, revocó parcialmente al Tribunal de Apelaciones y devolvió los casos al Tribunal de Primera Instancia.