Supreme Court of Puerto Rico

El Tribunal Supremo resolvió que una sentencia monetaria basada en una obligación personal puede ejecutarse dentro de los quince años siguientes a que advenga final y firme. Aunque después de cinco años se requiere una moción, autorización judicial y notificación a las partes, no es necesario acreditar justa causa por…

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó que las Reglas de Evidencia no rigen los procedimientos adjudicativos ante agencias administrativas y sostuvo que la CIPA abusó de su discreción al aplicarlas con rigor y al exigir cadena de custodia para autenticar veintidós fotografías de lesiones que constituían evidencia…

A Summer Panel of the Supreme Court of Puerto Rico denied both the motion in aid of jurisdiction seeking a stay of proceedings and the petition for certiorari by which Osbiel Carmona Rodríguez sought review of the Court of Appeals' refusal to intervene in the trial court's denial of his motion to suppress evidence…

The Supreme Court of Puerto Rico granted two intrajurisdictional certification petitions and consolidated them, immediately taking up the litigation over whether the November 30, 2022 'Carta-Extensión' — which replaced the 18-month automatic termination of LUMA's supplemental contract with an indefinite term tied to…

El Tribunal resolvió que los municipios gozan de inmunidad frente a reclamaciones por accidentes ocurridos en carreteras o aceras estatales, aun cuando el municipio mantenga la acera.

The Supreme Court of Puerto Rico affirmed the Registrador's denial to register a public deed of repudiation of inheritance, holding that a judicial resolution identifying the heirs is an indispensable condition for registration when a hereditary right is already recorded.

The Supreme Court of Puerto Rico censured attorney Oscar García Rivera, finding violations of Canons 18 and 38 of the Professional Ethics Code while holding that his Facebook video did not constitute a violation of Canon 13 because the required high probability of substantial prejudice was not proven.

The Supreme Court of Puerto Rico held that in a forced expropriation proceeding brought by a public corporation, the applicable appeal period is thirty (30) days under Rule 52.2(a) of the Puerto Rico Rules of Civil Procedure, not sixty (60) days under Rule 52.2(c).

El Tribunal Supremo resolvió que, cuando un acuerdo arbitral delega expresamente al árbitro la determinación de su alcance o aplicabilidad y la parte no impugna específicamente la cláusula de delegación, corresponde al árbitro adjudicar las controversias sobre la validez, alcance o aplicabilidad del acuerdo arbitral.

The court held that the complaint plausibly alleged a moral-rights claim based on the recorded interpretation of the phrase, even though the short phrase itself lacked sufficient creativity for protection.

The court held that the agency could not use its own preexisting study to supply the applicant's burden of proving the need for a tariff increase when the proceeding was initiated by the concessionaire.

El Tribunal Supremo determinó que Edwin R. Colón Torres infringió los Cánones 18, 20, 23, 24 y 35 del Código de Ética Profesional al demorar por más de una década trámites sucesorales y registrales, retener honorarios adelantados por servicios incompletos, omitir adelantos en una factura y reclamar una suma superior a…

El Tribunal Supremo revocó las determinaciones de los foros inferiores y ordenó eliminar la información de Ángel L. Hernández Díaz del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

The Supreme Court of Puerto Rico held that the right of publicity (commercial aspect of the right of one's own image) is transferable only by written agreement or intestate succession, regardless of the employment or contractual relationship.

El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones por no expedir el certiorari y revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que había rechazado la nulidad de los fideicomisos testamentarios.

El Tribunal Supremo aprobó enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones para armonizar sus disposiciones con la implementación del SUMAC, modernizar la presentación y notificación de recursos y escritos, y reducir desestimaciones por defectos subsanables.

The Supreme Court of Puerto Rico consolidated two certiorari cases and held that the Negociado de la Policía may consider prior convictions that were judicially expunged from a person's criminal record but still appear in the digital databases the Police are statutorily required to search, when denying or revoking a…

El Tribunal Supremo resolvió que la fianza de no residente no puede imponerse en reclamaciones laborales tramitadas mediante el procedimiento sumario, porque es incompatible con su carácter expedito y protector y garantiza partidas que el patrono no puede recobrar.

El Tribunal Supremo resolvió que el DACo tiene legitimación estatutaria para impugnar, en representación de los consumidores, el relevo de responsabilidad aprobado por el NEPR. Determinó además que dicho relevo constituye una inmunidad frente a reclamaciones extracontractuales por negligencia ordinaria y que el NEPR…

El Tribunal Supremo resolvió que la fianza en apelación debe exigirse, como regla general, en todo caso de desahucio, aunque el procedimiento haya sido convertido de sumario a ordinario.

El Tribunal resolvió que los límites estatutarios de responsabilidad concedidos a los Centros Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-docente no se extienden a sus aseguradoras.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la moción de reconsideración presentada electrónicamente mediante la plataforma del DACo interrumpió el término para solicitar revisión judicial.

El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones y reinstaló la sentencia sumaria que desestimó con perjuicio la reclamación por interferencia culposa con obligaciones contractuales.

The Court held that a municipal bidder offering a two-year lease of collective-transportation vehicles was required to possess the statutorily mandated license from the OCIF, because the vehicles exceeded the statutory value threshold and the lease exceeded one year.

El Tribunal Supremo revocó las sentencias que habían anulado sumariamente la confiscación de un vehículo y devolvió el caso al foro primario. Resolvió que una determinación de no causa probable en una vista preliminar en alzada, por sí sola, no constituye una adjudicación expresa de que el vehículo no fue utilizado en…

Acting on a Special Commissioner's report, the Supreme Court of Puerto Rico concluded that clear, robust and convincing evidence proved that Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo violated Canons 18, 20, 23, 35 and 38 of the Code of Professional Ethics and breached Articles 2 and 56 of the Notarial Law and Rule 67 of the…

The Court held that a person who validly incurred a criminal conviction, completed the sentence, and obtained removal of the conviction from the criminal-record certificate has no reasonable expectation of privacy in arrest-related fingerprints and booking photographs.

The Supreme Court of Puerto Rico consolidated two disciplinary proceedings against attorney and notary Lillian Annette Ramos Bahamundi and immediately suspended her from the practice of law and notary for six months for violating Canons 9, 12, 18, 19, 20, 23, 35 and 38 of the Code of Professional Ethics.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ejercicio de su facultad constitucional (Art. V, Secs. 1 y 7) y del Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003, aprueba mediante la Resolución ER-2025-01 enmiendas a 56 reglas del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para atemperarlas a la entrada en vigor del Sistema…

El Tribunal Supremo revocó las decisiones emitidas en el procedimiento de expropiación porque el Tribunal de Primera Instancia actuó antes de resolver una cuestión jurisdiccional de umbral relacionada con un posible interés federal sobre la propiedad.

La mayoría resolvió que empleados unionados no pueden impugnar judicialmente, contra su patrono, escalas salariales pactadas en un convenio colectivo invocando únicamente el principio constitucional de igual paga por igual trabajo.

El Tribunal Supremo resolvió que los pagos efectuados por una aseguradora por daños causados por el huracán María no extinguen ni reducen una reclamación independiente por vicios o defectos de construcción.

El Tribunal resolvió que “origen nacional” bajo la Ley Núm. 100 no incluye discrimen por ciudadanía o estatus migratorio. Aplicó el esquema probatorio de McDonnell Douglas y concluyó que, aunque el patrono produjo razones no discriminatorias y el empleado demostró que eran falsas, la totalidad de la prueba no…

El Tribunal Supremo revocó la sentencia apelativa y reinstaló la sentencia sumaria que obligó a Cable Media a pagar el balance del préstamo, intereses y honorarios. Determinó que la evidencia documental acreditaba la autoridad representativa de Kenneth Krans Negrón para obligar a la corporación.

The court held that the surviving spouse of a teacher who had satisfied the retirement requirements before the 2013 reform but continued working until 2018 was entitled to the widow's pension provided by the governing retirement statute.

The court held that the trial court could not award moratory interest on an amount that had been determined liquid and enforceable in a final and unappealed intermediate appellate judgment because the omission had to be challenged before that judgment became final.

El Tribunal Supremo concluyó que la sentencia en rebeldía dictada contra Magaly Ramos Miranda era nula porque, tras la muerte de su esposo, no se sustituyó a la parte fallecida ni se acumularon sus herederos como partes indispensables.

El Tribunal revocó la sentencia apelativa y resolvió que el Artículo 5.1 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental contiene un listado taxativo de los funcionarios obligados a presentar informes financieros, listado que no incluye a los Delegados Congresionales.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el albacea continuaba siendo parte del litigio porque el Tribunal de Primera Instancia nunca emitió una sentencia parcial aceptando su renuncia y relevándolo del pleito.

The Supreme Court of Puerto Rico held that a homeowners' association of a gated community may impose a non-recurring special assessment for attorney's fees and legal expenses without unanimous member consent, so long as it is necessary and complies with the voting procedures in the association's bylaws.